Estamos empezando a acostumbrarnos a ver imágenes de policías acosados por grupos de personas que pretenden impedir su actuación. Que impiden que ejerzan su trabajo que, por cierto, pagamos casi todos los españoles. La primera de estas recientes revueltas logró evitar que una familia fuera desalojada de su vivienda; ésto, incluso pareciéndome muy reprobable, puede tener aceptación por según qué sectores.
La segunda, la semana pasada en el barrio de Lavapiés, intentó evitar que los cuerpos de seguridad detuvieran a un hombre que se había colado en el Metro. Obviamente nadie duerme en el calabozo por semejante tontería. Lo que sucede es que el mozo en cuestión es extranjero, senegalés para más señas, lo que motivó los gritos de "ninguna persona es ilegal", cuando el arresto se estaba produciendo por no pagar el billete que paga todo el mundo que monta en Metro. También los parados, pero eso no importa si son de aquí.
Ahora bien, la última, también en Lavapiés y también protagonizada por un senegalés, roza lo esperpéntico: han intentado echar a la policía del barrio por querer detener a un presunto traficante de drogas. De nuevo gritos, de nuevo abucheos y consignas cuasi antediluvianas (ya podrían actualizar el repertorio) para hacer valer su superioridad numérica.
Pero claro, si un policía usa la fuerza para poder hacer su trabajo tendrá que pasar más tiempo detenido que el propio traficante. Para mear y no echar gota.
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